España, primer país europeo que hace entendibles las sentencias a personas con discapacidad intelectual
Juzgados de cinco comunidades autónomas han empezado a adaptar el lenguaje de sus sentencias con un sistema de lectura fácil para hacerlas comprensibles a las personas con discapacidad intelectual involucradas en una causa judicial, un proyecto pionero en toda Europa.
Imagínese que usted recibe del juzgado una comunicación en ruso y que usted ni nadie a quien pueda recurrir entiende una palabra de ruso. El desconocimiento del idioma no le eximirá de nada y el proceso seguirá su curso, haya comprendido o no lo que le han transmitido. Hasta le podrán declarar en rebeldía. Algo parecido es lo que sufren cientos de personas en España desde que se ‘abrieron’ los juzgados, personas con discapacidad intelectual que no entienden la resolución que les han notificado y en la que puede estar en juego ni más ni menos que su incapacitación jurídica para la realización de actos tan cotidianos como sacar dinero de una cuenta bancaria o de tanta trascendencia como su internamiento forzoso en un centro.
Para ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la organización Plena Inclusión firmaron el pasado mes de octubre un convenio de colaboración que permitirá impulsar la garantía del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, con la participación del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en este ámbito. Básicamente, el sistema consiste en que profesionales de Plena Inclusión se encargan de adaptar la sentencia a un texto de lectura fácil y de verificar que la persona afectada puede comprenderlo, para que, posteriormente, el juez o la juez que la ha dictado compruebe que coincide plenamente con el contenido de su resolución inicial. “Es una labor muy consensuada, en la que para que pueda salir adelante se debe llegar a un consenso entre todas las partes implicadas”, jueces, adaptadores, validadores y la propia persona afectada, explica María Viejo, responsable de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Andalucía.
“Históricamente, la sociedad a menudo asume que las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidades cognitivas como discapacidad intelectual, no pueden expresar sus competencias o dar consentimiento. Pero la falta de capacidad a menudo tiene menos que ver con las limitaciones inherentes a la propia persona y más con las actitudes sociales que limitan sus oportunidades de tomar decisiones y de recibir apoyo y formación en la toma de decisiones”, se advierte en el Cuaderno de Buenas Prácticas sobre Acceso a la Justicia, Ajustes de Procedimiento para personas con discapacidad intelectual, elaborado por la asesora jurídica de Plena Inclusión España, Inés de Araoz.
“Nuestra experiencia acumulada -añade Araoz- nos sirve para constatar una falta generalizada del reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad intelectual a apoyos durante los procesos policiales y judiciales adaptados a sus necesidades individuales. Esta falta de reconocimiento afecta directamente al derecho de defensa y a un juicio justo, y supone un ejemplo de discriminación estructural, o sistémica, a la que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se enfrentan de forma habitual”.
España ha sido el primer país de Europa en poner en marcha un proyecto de adaptación de textos judiciales con un sistema de lectura fácil para un colectivo que representa en torno al 1% de la población de nuestro país, es decir, cercano al medio millón de personas. Asturias, Andalucía, La Rioja, Galicia y Valencia han sido las primeras cinco comunidades autónomas donde se ha puesto en marcha en los juzgados esta iniciativa que en 2018 recibió un reconocimiento internacional con el Premio Zero Project de la Fundación Austriaca sobre el mundo de la Discapacidad, que distingue las prácticas más innovadoras a nivel mundial en este sector. De momento sólo son cinco comunidades, pero la intención de sus promotores es que este notable avance social se siga extendiendo al resto del estado.
Fuente: www.publico.es